La Mira Digital

• Libera la FGE a su vocero detenido por Abuso Sexual agravado.

• Coordinadoras de la FGE al servicio de los imputados.

• Fiscal General debe iniciar una investigación y suspender a servidores públicos.

MALO. No es que tengamos nada en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), el problema es en contra de quienes ostentan puestos que no debieran tenerlos porque son corruptos e ineficaces. Lamentablemente entre los mismos empleados o funcionarios se tapan los delitos que cometen y eso es muy grave porque incluso estos sujetos debieran de ser despedidos o consignados por la burla que hacen en contra de la sociedad o de quienes se atreven a denunciarlos. Tenemos un caso concreto, uno más de estos “servidores públicos”.

ABUSO. El pasado cinco de noviembre se presentó una denuncia en contra de Oscar Eduardo Márquez Guevara, quien se desempeña como vocero de la Fiscalía en la zona norte, por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de un menor de edad, de quien nos reservaremos sus datos por su estatus legal. El número de expediente es el 37-2022-0034030, de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, cuya Coordinadora es la licenciada Yubia Yumico Ayala.

DETENCIÓN. De acuerdo a la información con que contamos, fue la policía municipal quien se encargó de la detención y consignación de Oscar Márquez, estos hechos sucedieron aproximadamente a las 22:30 horas del día cuatro de noviembre en el gimnasio Total Fitness ubicado en el centro comercial Las Misiones, en Boulverdad Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria. La víctima acudió junto con un amigo y estaban en el area del jacuzzi, cuando Márquez Guevara se sentó junto a él y comenzó a sacarle platica, luego le hace preguntas sobre unas marcas en el pecho que tiene el menor, haciéndole tocamientos en el mismo, y es cuando empieza a tocar el pene de la víctima y este atemorizado de inmediato le dijo a su amigo y ambos comentaron lo sucedido al encargado del gimnasio quien decidió marcar al 911. Posteriormente los agentes de la policía municipal pusieron a disposición al detenido en la Fiscalía zona norte. Sin embargo, la coordinadora de la unidad investigadora a cargo de investigar el delito en mención, Yubia Yumico Ayala, acudió ante la Coordinadora de los Agentes del Ministerio Público, Rebeca Sánchez, para hacerle de su conocimiento el delito en que el vocero se encontraba inmiscuido.

PROTECCIÓN. Entre ambas funcionarias acordaron darle darle libertad al detenido y para ello acudieron ante la Agente del Ministerio Público que tomó las declaraciones correspondientes de los padres del menor, quienes acudieron a levantar la denuncia y que se integrara dicha carpeta, para quitarle las actas que había realizado y le dijeron que guardara secreto sobre esta averiguación, posteriormente restringieron la carpeta. Estas dos agentes del ministerio público están cometiendo un serio delito por lo cual ambas deben ser cesadas de su puesto y consignadas de acuerdo con la ley, pues cabe recordar que cuando es abuso sexual en perjuicio de menores es prisión preventiva oficiosa, forzosamente se debe integrar la carpeta y trasladar al detenido al Cereso y el Juez de Control una vez valorado los hechos, debe dar la prisión preventiva.

VIOLACIÓN. Indudablemente que se está violando la ley y principalmente los derechos del menor, es decir de la víctima. Cuando el delito es cometido por un servidor público, como en este caso, se agrava más aún el delito. De esta denuncia debe tener conocimiento el Fiscal de la zona norte Jesús Manuel Carrasco Chacón, y si es así y no procede como lo indica la ley, entonces también está cometiendo un delito grave de encubrimiento, pero si no le informaron nada, debe de aplicar la ley en contra de quienes protegen a este individuo e incluso consignar.

ORDEN. La licenciada Yubia Yumico Ayala a través de su cuenta de WhatsApp, estuvo enviando mensajes a todos sus personal a cargo de la Fiscalía para que guardaran silencio del caso, suplicándoles que no informaran nada ni hicieran ningún comentario. Lo mismo hizo Rebeca Sánchez a través de diversos medios e incluso de manera personal. Esperamos que se actúe conforme lo marca la ley en contra de estos funcionarios públicos y que tanto el Fiscal Jesús Manuel Carrasco como el Fiscal General Roberto Javier Fierro Duarte, apliquen la ley correspondiente y demuestren que no existe impunidad entre sus propios empleados. Desde luego el vocero debe ser de inmediato suspendido de sus funciones incluyendo a quienes lo están protegiendo