Fraude procesal, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito podrían ser los delitos cometidos por dos exregidores de Juárez que lograron obtener pensiones vitalicias sin cumplir los requisitos legales mínimos.

La molestia estalló entre los jubilados municipales cuando se supo que José Alfredo Ramírez Rentería, regidor del ayuntamiento 2004-2007, y Ma. Eugenia García Hernández, regidora del ayuntamiento 2010-2013 por el PRD, ambos durante las administraciones de Héctor “Teto” Murguía, recuperaron sus pensiones mediante una polémica resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

Según los denunciantes, ambos utilizaron sus cargos como regidores para simular antigüedad laboral y conseguir jubilaciones millonarias, presuntamente gracias a arreglos oscuros y tráfico de influencias con autoridades judiciales.

El magistrado Alejandro Tavares Calderón del TEJA fue quien ordenó restituir esas pensiones, ignorando que ya habían sido canceladas por la administración de Armando Cabada tras detectar fuertes irregularidades.

Los exregidores, dicen los quejosos, se presentaron en reuniones de jubilados presumiendo su “logro”, como si robarle al municipio fuera motivo de celebración entre quienes sí cotizaron legalmente.

Las pensiones otorgadas rondan entre 300 mil y 500 mil pesos anuales, libres de impuestos, lo cual representa un agravio para el fondo de pensiones y para quienes sí trabajaron.

El artículo 5 del reglamento municipal de pensiones prohíbe que regidores, síndicos o presidentes municipales coticen al fondo, pues no son empleados, sino funcionarios de elección popular.

El presidente de la Asociación de Jubilados evitó fijar postura, pero dijo que el tema se discutirá en asamblea, aunque reconoció la gravedad de los señalamientos si se comprueban.

Afirmó también que la Asociación no tiene facultades para investigar ni suspender pensiones, ya que esas decisiones corresponden únicamente al gobierno municipal y a las autoridades judiciales competentes.

Ante la resolución del TEJA, el actual Ayuntamiento deberá decidir si denuncia penalmente a los exregidores y busca revertir el fallo mediante los canales institucionales correspondientes.

Se habla incluso de la posible figura de “cosa juzgada fraudulenta” y delito continuado, ya que los exfuncionarios siguen cobrando cantidades elevadas derivadas de un proceso presuntamente ilegal.

Los jubilados piden que se reabra el caso y se castigue a quienes hayan participado, incluyendo a los actores judiciales que validaron la restitución de las pensiones irregulares.