La nueva Ley General de Aguas fue aprobada en la Cámara de Diputados con 328 votos a favor, sustituyendo la normativa de 1992. Luego el Senado ratificó la ley con 85 apoyos frente a 36 votos en contra, y después 82 contra 34 en lo particular.
La ley declara el agua como un bien público estratégico y prioriza su uso doméstico. También busca limitar abusos, ordenar concesiones y poner al Estado como principal responsable de su administración.
Quienes apoyan la reforma aseguran que por fin se atenderán desigualdades históricas, especialmente en comunidades donde el agua llega tarde, poca o nunca. Dicen que la nueva regulación obligará a una distribución más transparente.
Pero productores agrícolas y algunos sectores privados advierten riesgos. Temen afectaciones económicas por límites en concesiones y señalan que varias actividades podrían complicarse. El tema seguirá dando de qué hablar mientras se aplica.
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