La Mira Digital

• Improvisación y abuso de poder en Psicología dejan sin defensa a víctimas.

• Peritajes sin sustento y órdenes arbitrarias exhiben el desorden interno en la Fiscalía Zona Norte.

• La SSPM ya solicitó presupuesto para plan de semaforización en 2026.

FISCALÍA. El Fiscal General César Jáuregui, el “gordo querido” de la Gobernadora Maru Campos, debe poner mucha atención en lo que ocurre en las diferentes Fiscalías Estatales, principalmente en la Zona Norte, en donde ya cualquier empleada pretende imponer sus órdenes pese a que van en contra de la justicia. El caso que vamos a relatar es una prueba contundente de ello porque perjudica de manera profunda a las familias víctimas del Crematorio Plenitud, que además le pueden provocar serios problemas por la nula ayuda que en la Fiscalía Zona Norte les están proporcionando.

DENUNCIA. Desde el inicio de las investigaciones relacionadas con el Crematorio Plenitud, la Fiscalía General del Estado brindó un acompañamiento integral a las familias afectadas a través del área de Atención a Víctimas y del área de Psicología adscrita a la Unidad Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales. El volumen de casos presentados rebasó capacidades humanas y técnicas, pero aun así, se hizo el esfuerzo por atender con dignidad y profesionalismo a quienes atravesaban una de las experiencias más dolorosas de su vida.

IMPROVISACIÓN. El problema comenzó cuando al momento de aplicar peritajes psicológicos a los familiares dolientes, se evidenció que no existía un instrumento específico autorizado para este tipo de afectaciones. Lejos de detenerse y solicitar los lineamientos técnicos correspondientes, los psicólogos optaron por adecuar un análisis no válido, elaborado con apoyo de herramientas tecnológicas, lo que derivó en la creación de una batería improvisada que jamás fue avalada institucional ni científicamente.

AUTORIZACIÓN. Lo más delicado es que esta práctica no fue aislada. Hubo un consenso interno entre los psicólogos y dicha batería fue autorizada expresamente por la Coordinadora de Psicología Mirna Isela Ruiz Figueroa,  quien permitió la aplicación de peritajes que carecen de sustento oficial, comprometiendo no sólo la ética profesional sino también la validez probatoria de las carpetas de investigación.

PRETEXTO. Con el argumento de dar prioridad a las familias del Crematorio Plenitud y continuar aplicando estos análisis improvisados, la coordinadora ordenó suspender el apoyo psicológico y pericial a los casos activos y de nuevo ingreso en la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, víctimas masculinas. Una decisión administrativa que dejó en completo estado de indefensión a víctimas que también requieren atención urgente y especializada.

DESACATO. La situación escaló cuando se giraron instrucciones para que los psicólogos no entregaran peritajes a los agentes del Ministerio Público, que retuvieran información, que omitieran acompañamientos y en los hechos ignoraran las solicitudes formales emitidas dentro de las investigaciones. El Ministerio Público quedó atado de manos, sin herramientas técnicas para avanzar en procesos penales sensibles.

ABUSO. Incluso se registró un episodio particularmente grave, protagonizado por un psicólogo con muchos años dentro de la institución, quien tras escuchar el relato de un menor víctima, decidió negar el peritaje correspondiente y reaccionó de forma agresiva ante la solicitud del Ministerio Público. La falta de profesionalismo fue tal que el altercado se escuchó en los pasillos evidenciando un clima de confrontación y desorden interno.

RESPALDO. Cuando la situación fue expuesta ante mandos superiores para intentar una mediación, la respuesta fue de burla y menosprecio. La Coordinadora Mirna Isela Ruiz Figueroa, respaldo la conducta de su personal dejando claro que sus órdenes están por encima de las necesidades del Ministerio Público y peor aún, de los derechos de las víctimas.

INDEFENSIÓN. Hoy, bajo la excusa de una supuesta prioridad, se ha generado una cadena de omisiones que afectan directamente a víctimas masculinas de delitos sexuales y violencia doméstica, quienes han sido relegadas, ignoradas y abandonadas por un área que debería protegerlas. No se trata de falta de recursos, sino de decisiones mal tomadas, autorizadas desde la coordinación.

RESPONSABILIDAD. El caso del Crematorio Plenitud, reveló omisiones graves en distintos niveles, pero también ha servido para exhibir prácticas internas que no pueden ni deben tolerarse ni normalizarse. La protección de víctimas no admite improvisaciones ni caprichos jerárquicos, ni el uso de instrumentos no autorizados. La Fiscalía General del Estado, tiene la obligación de revisar a fondo la actuación del área de psicología y en particular de quien hoy toma decisiones que afectan a la justicia.

NINGUNEAN. Nos mencionan que a la Coordinadora de esta unidad de nombre Yaneli Guerrero, la ningunean debido a que la Coordinadora de Psicología Mirna Isela Ruiz Figueroa se siente protegida y por ello hace lo que le da la gana sin importarle que gracias a su manera despótica de tratar a las víctimas del Crematorio Plenitud la ponen en evidencia ya que lo único que está haciendo es hacer quedar mal a la Fiscalía General del Estado.

FRUSTRACIÓN. Lo que también se nos hace mención es que estas ninguneadas que le dan a la coordinadora Guerrero, las termina desquitando con el personal a su cargo, ó como dicen “el diablo sabe a quien se le aparece”. Aseguran que ella fue recomendada por la anterior coordinadora, Nancy Ordóñez, para que le tapara todo el desorden que dejó en esa unidad, quien actualmente se desempeña como Jueza Penal.

CASOS. Y como estos casos, algunos de ellos más delicados que ya hiremos dando a conocer, nos ha hecho saber el personal de lo que sucede en las diferentes coordinaciones de la Fiscalía, como si no existiera un mando que ponga orden, pareciera que nadie los supervisa ni está al pendiente de lo que sucede en cada área de la fiscalía, y esto se debe a que desde hace tiempo las unidades de investigación no tienen cambios en sus coordinaciones y en las que se hicieron cambios después del primero de septiembre, salieron peor de lo que estaban.

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SOLICITUD. El Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, durante la reunión con la Comisión Edilicia de Hacienda, solicitó un aumento a la propuesta presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2026 por la cantidad de 568 millones de pesos, de los cuales 300 millones de pesos serán destinados a la modernización del sistema de semaforización en las avenidas principales. Este proyecto contempla un centro de control de tráfico que ya es muy necesario debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por nuestra ciudad.

MANTENIMIENTO. Indicó que además se requiere dar mantenimiento al CERI y al equipo de inteligencia. Se invertirá en uniformes nuevos, equipo de protección, en auxilio vial, en una torre de rapel para la Academia de Policía, entre otros muchos proyectos que servirán para que la policía municipal de nuestra ciudad, continúe siendo de las mejores a nivel nacional.

INCREMENTO. De igual manera se requiere la compra de más unidades para patrullar la ciudad, principalmente de las colonias en donde se tiene detectado que existe más violencia. La Academia de Policía continuará capacitando a jóvenes que deseen ingresar a la corporación durante el próximo año 2026.