La resolución federal que dejó sin efectos la vinculación a proceso de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, evidenció fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tras el hallazgo de 386 cuerpos sin incinerar.

El abogado defensor Manuel Pineda Contreras afirmó en entrevista al medio de comunicación Circuito Frontera que la autoridad estatal fue notificada del amparo desde el 30 de julio de 2025, pero no compareció a la audiencia constitucional del 14 de noviembre donde se analizó el caso.

El Juzgado Séptimo de Distrito concedió el amparo dentro del expediente 746/2025 y determinó que los delitos señalados por el Ministerio Público no encuadraban en los tipos penales aplicables, por lo que ordenó anular la vinculación.

El defensor sostuvo que la Fiscalía no presentó alegatos ni acudió como tercero interesado, mientras el Ministerio Público Federal sí participó, situación que influyó en la resolución que dejó en libertad al imputado.

Además, la defensa expuso inconsistencias en la integración de la carpeta, al señalar deficiencias en la tipificación de delitos, falta de sustento técnico en peritajes y omisiones procesales que debilitaron la acusación presentada.