Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó ejecutar la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El fiscal argumentó que la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos carece de pruebas contundentes y fundamentos legales suficientes, lo que impide proceder con órdenes de aprehensión inmediatas conforme al marco jurídico mexicano.

Entre los señalados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien también fue secretario general de Gobierno en la entidad. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, responsable anteriormente de la planeación y manejo de recursos públicos estatales.

Dentro de la estructura de procuración de justicia estatal se menciona a Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, encargado de la coordinación ministerial y seguimiento de investigaciones estratégicas. También aparecen Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como “Cholo”, ambos exjefes de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal, quienes participaron en labores especializadas de investigación y persecución de delitos complejos.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, responsable de la estrategia operativa policial en el estado. José Antonio Dionisio Hipólito, apodado “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, quien tuvo funciones de coordinación táctica y supervisión operativa.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, encargado de la administración pública y seguridad preventiva del municipio, así como Juan Valenzuela Millán, exmando de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, vinculado anteriormente a tareas de vigilancia territorial y operación policial local.