Un nuevo frente de polémica se abrió en la estructura de seguridad estatal luego de que se revelara que el subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, figura como socio de una empresa de seguridad privada sancionada por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una red ligada al Cártel de Sinaloa.

La investigación periodística difundida por El Universal señala que el funcionario aparece relacionado con la empresa Grupo Especial Mamba Negra, identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red presuntamente utilizada para lavado de dinero asociado con operadores criminales.

Documentos del Registro Público de Comercio muestran que Fernández Acosta, también general de división diplomado del Estado Mayor, habría adquirido participación societaria desde 2022 y asumido funciones administrativas dentro de la firma.

Ante los señalamientos, el propio funcionario aseguró al medio nacional que fue “estafado” y sostuvo que la empresa le fue presentada como una compañía de seguridad legalmente constituida, afirmando además que desconocía supuestos nexos ilícitos y que incluso intentó separarse de la sociedad sin lograr concretarlo. También dijo no saber que aún aparece registrado como socio activo.

El caso también ha generado cuestionamientos por presuntas inconsistencias patrimoniales, ya que, según la publicación, Fernández Acosta no reportó diversas empresas en declaraciones disponibles y atribuyó a errores administrativos montos millonarios reflejados en ingresos registrados por su cargo público.

Hasta ahora, ni la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua ni el Gobierno del Estado de Chihuahua han informado públicamente si se abrirá una investigación administrativa o se revisará la permanencia del funcionario, mientras el tema ya escaló al debate político y de seguridad en Chihuahua.