La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua al mando de Gilberto Loya salió al paso de los señalamientos contra el subsecretario penitenciario, el general de división Ricardo Fernández Acosta, y aseguró que la empresa de seguridad privada relacionada en reportes periodísticos no tiene contratos ni vínculos con la administración estatal.

En un posicionamiento oficial, la corporación afirmó que no existe investigación judicial, como señala la investigación periodística de El Universal, imputación o procedimiento penal en contra del funcionario, luego de publicaciones que lo relacionan con el Grupo Especial Mamba Negra, empresa señalada por autoridades estadounidenses dentro de indagatorias financieras como lavadora de dinero del Cártel de Sinaloa.

La dependencia sostuvo que el vínculo de Fernández Acosta con dicha razón social corresponde a una relación mercantil previa a su incorporación al sistema penitenciario estatal y afirmó que el propio mando ha explicado públicamente que intentó separarse de la empresa desde hace tiempo, situación que, según la SSPE, le habría generado afectaciones económicas.

Además, la institución indicó que la empresa no ha prestado servicios al Gobierno del Estado de Chihuahua ni operado bajo autorización de la Secretaría, agregando que revisiones ante autoridades hacendarias ubican a la compañía como inactiva en periodos consultados entre 2021 y 2026.

La SSPE también defendió la permanencia del subsecretario dentro del sistema penitenciario y aseguró que mantiene funciones relacionadas con la gobernabilidad de los centros de reinserción, reiterando que continuará actuando bajo criterios de legalidad, transparencia y fortalecimiento institucional.