Cuando en Chihuahua surgieron los señalamientos sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad, Morena convirtió el tema en un asunto de una presunta violación a la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió explicaciones y desde el oficialismo se impulsó que la gobernadora Maru Campos Galván respondiera políticamente por lo ocurrido. El mensaje fue muy claro: ningún gobierno estatal podía permitir la intervención de agencias extranjeras sin responder ante el país.

Hoy el escenario parece distinto. Los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar, la muestran aparentemente ofreciendo información obtenida en las mesas de seguridad a supuestos interlocutores relacionados con el FBI, para buscar resolver su situación migratoria en Estados Unidos.

A la polémica se suma el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, quien ha sostenido públicamente que desde tiempo atrás advirtió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre diversas preocupaciones relacionadas al narcotráfico con Marina del Pilar y que estas fueron ignoradas.

¿Por qué cuando el tema involucró a Maru Campos se habló de soberanía, responsabilidades políticas y posibles violaciones a la ley, mientras que ahora el discurso es de cautela y respaldo? Si el estándar cambia dependiendo de si el señalado pertenece o no a Morena, la narrativa de que nadie está por encima de la ley pierde fuerza.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene hoy la oportunidad de demostrar que el combate a la impunidad no distingue colores partidistas. Si antes se exigieron explicaciones a Maru Campos por un asunto relacionado con agencias estadounidenses, la ciudadanía puede exigir el mismo nivel de transparencia cuando las dudas alcanzan a una gobernadora emanada de Morena.