La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó este martes las disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que contemplaban anular una elección cuando se acreditara la intervención del crimen organizado, en una resolución que modifica el blindaje electoral aprobado meses atrás por el Congreso estatal.

El Pleno analizó las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026, promovidas contra diversos cambios realizados a la Constitución de Chihuahua, la Ley Electoral y el Código Municipal. Entre los puntos revisados estaban las restricciones relacionadas con candidaturas y las consecuencias electorales por intervención de grupos delictivos.

La resolución ocurre un día después de que la gobernadora Maru Campos Galván pidiera públicamente a las ministras y ministros mantener vigente la reforma. La mandataria había defendido que Chihuahua debía contar con mecanismos para impedir que grupos criminales intervinieran en las elecciones y había señalado a Morena por haber impugnado parte de las modificaciones ante la Corte.

En otro de los temas analizados, la Suprema Corte determinó que Chihuahua deberá adecuar su Ley Electoral para regular la nulidad relacionada con la injerencia extranjera, de acuerdo con lo establecido en la Constitución federal. Es decir, el fallo tuvo efectos distintos para ambos supuestos quedó invalidada la causal estatal vinculada con el crimen organizado, mientras que el Congreso deberá armonizar la legislación local en materia de intervención extranjera.

La decisión modifica el escenario con el que Chihuahua se encaminaba al proceso electoral de 2026-2027, particularmente en las reglas relacionadas con candidaturas y causas de nulidad. Las disposiciones invalidadas ya no podrán aplicarse en los términos aprobados por el Congreso estatal, mientras que el Legislativo deberá realizar los ajustes ordenados por la Corte en materia de injerencia extranjera.