La pregunta empezó a crecer en medios, oposición y análisis políticos: ¿por qué parece existir tanta cautela alrededor del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por los Estados Unidos de narcotráfico y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa?

Distintos analistas apuntan a una mezcla de cálculo político, control de daños y temor a que el escándalo termine contaminando a más figuras del oficialismo. Morena pasó, de hecho, de cerrar filas con él a una estrategia más fría: la falacia de la soberanía, el debido proceso y, lo más delicado, el estar defendiéndolo.

Una explicación recurrente es el costo político. Rocha Moya es un gobernador cercano a estructuras del poder en Sinaloa. Una caída abrupta o una ruptura pública podría abrir preguntas incómodas sobre quién lo respaldó políticamente (obvio que por Andrés Manuel López Obrador). Por eso varios análisis sostienen que el interés central parece ser contener el daño y evitar que el caso escale hacia Morena y afecte el proyecto político rumbo a 2027.

También existe un argumento que el gobierno federal ha repetido y el no actuar únicamente con base en acusaciones extranjeras sin procesos mexicanos de por medio. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que no se puede condenar a nadie sin pruebas judicializadas y que corresponde a la Fiscalía General de la República. Como si los sistemas judiciales en México fueran respetuosos del debido proceso, lo que causa risa y molestia a la vez.

Aunque al mismo tiempo ya se permitió el congelamiento preventivo de las cuentas de Rocha Moya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y todavía se le da un séquito de seguridad que ni la presidenta tiene, ni mucho menos cualquier mexicano, estas medidas alimentan la percepción pública sobre un evidente blindaje tanto político como de seguridad.

Cuando un personaje señalado desaparece de la escena pública, se le concede seguridad, su partido evita condenarlo frontalmente y al mismo tiempo se insiste en no prejuzgar, mucha gente interpreta eso como el típico caso de corrupción, aunque formalmente el discurso sea “debido proceso”.

Esa diferencia entre legalidad y percepción pública es justamente donde el caso se ha vuelto explosivo, para unos es prudencia, para otros un intento de ganar tiempo y reducir costos políticos mientras avanzan las investigaciones de autoridades de Estados Unidos.